Compliance Officer

La nueva regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de prevención de delitos.

Antecedentes

La reforma del Código Penal del año 2010 incorporó un nuevo artículo 31.bis que por primera vez posibilitaba responsabilizar penalmente a las personas jurídicas en determinados supuestos. Básicamente este artículo traspasaba a las empresas la responsabilidad penal por los delitos cometidos "en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho". Asimismo también había responsabilidad si el delito lo cometían personas subordinadas a éstos por causa de "no haberse ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas circunstancias del caso". La responsabilidad subsistía aunque no se puediera individualizar a la persona física que cometió la acción delictiva.

Por otra parte el artículo establece una serie de posibilidades para a posteriori poder atenuar esta responsabilidad:

• - Confesar a las autoridades el delito antes de que se inicie un procedimiento judicial contra la empresa.
• - Colaborar en la investigación de un modo relevante durante el proceso.
• - Haber procedido a reparar el daño antes del juicio oral.
• - Haber establecido antes del juicio oral medidas eficaces para prevenir la comisión de delitos bajo la cobertura legal de la empresa en el futuro.

El artículo solo es aplicable para una lista cerrada de delitos que incluye algunos muy habituales como por ejemplo la estafa, la falsificación de tarjetas de crédito, o los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores.

Reforma aprobada

La reforma aprobada el 30 de marzo de 2015 ha consistido básicamente en aclarar determinados aspectos de este artículo, en especial que se tiene que entender por medidas eficaces para la prevención de comisión de delitos. En concreto estas medidas consistirán en la adopción de un Programa de Cumplimiento Corporativo "formal", de modo que la existencia previa de un modelo de vigilancia y control idóneo para prevenir delitos podrá llegar a eximir a la persona jurídica de responsabilidad penal. Este plan de prevención debe incluir los siguientes aspectos:

• - Análisis de riesgos: El punto de partida es identificar las actividades de la empresa que puedan generar imputaciones penales, tanto en relación a la propia organización de la empresa como respecto a los empleados sometidos a situaciones de riesgo.
• - Creación de un Código de Conducta: Detectados los posibles riesgos, se deben establecer por escrito los reglamentos y protocolos de procedimiento necesarios para minimizar dichos riesgos.
• - Formación del personal: Es necesario poder probar que el personal implicado conoce y entiende el Código de Conducta y su finalidad.
• - Control del Programa: Se debe implantar una estructura independiente con un responsable a su cargo que garantice la aplicación del programa y lo someta a revisión y mejora periódicamente, dotada de los recursos financieros necesarios, e incluyendo un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas establecidas. Así pues aparece la nueva figura del "Compliance Officer", persona con formación jurídica designada por la empresa para hacerse cargo de la gestión y control del cumplimiento del plan implementado.
• - Servicio de consultas: Es necesario implantar también un servicio de consultas, con garantía de confidencialidad, para canalizar informaciones y denuncias.

Como implementar cada uno de estos elementos es una decisión de la empresa. En general el modelo adoptado deberá transmitir que ésta ha adquirido el compromiso inequívoco de que sus actividades de desarrollaran conforme a la ley y ha implementado unos medios razonables para conseguirlo.

La necesidad de implementar el plan de prevención

Con la reforma actual se pretende que en los supuestos en los que la empresa fue diligente, y pese a ello el delito se cometió, ésta no deba asumir responsabilidad, y el mecanismo establecido explícitamente para eximir dicha responsabilidad es el “compliance plan”, del que además se define su estructura y funciones.

Se trata por tanto de crear un incentivo para que las empresas adopten un modelo de autorregulación inspirado en el sistema anglosajón, es decir, que sean las propias empresas las que implanten mecanismos para evitar la comisión de delitos.

Dadas estas nuevas circunstancias es imprescindible disponer de un plan de prevención de delitos. Se esta ofreciendo explícitamente una vía para eximir de responsabilidad a la persona jurídica, lo que sin duda conllevara que la falta de plan suponga una condena.

No perdamos de vista que las penas establecidas son consideradas como graves, y además de comportar una multa, existe la posibilidad de que se impongan otras medidas tales como la disolución de la persona jurídica, la suspensión de su actividad temporal o incluso definitiva, la clausura de sus locales, la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, o para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social por periodos de hasta 15 años, o incluso su intervención judicial.

Es muy importante tener en cuenta que la reforma explícitamente incluye a todo tipo de empresas, desde grandes corporaciones a sociedades de pequeñas dimensiones (articulo 31 bis.3 ), en las que aunque se permite que la estructura del modelo de prevención pueda ser mas simple, igualmente es imprescindible.

Nuestro despacho, especializado desde hace más de 25 años única y exclusivamente en derecho penal, presta sus servicios en esta nueva materia diseñando e implantando el plan de prevención exigido por la nueva ley adaptado a las características concretas de cada empresa, facilitando además las funciones de la nueva figura del "Compliance Officer".